El gobernador de California firma una ley que ordena a las escuelas engañar a los padres sobre la crisis de género de sus hijos.

Los defensores de la familia están muy preocupados por una nueva ley de California que presiona a las escuelas a engañar a los padres, esencialmente diciéndoles a los maestros y administradores que oculten la verdad sobre las solicitudes de los niños de cambiar su identidad de género.

Algunos distritos escolares habían creado políticas para tratar a los padres como aliados cuando sus estudiantes sufrían de disforia de género. Por eso, los defensores de los derechos LGBTQ en la legislatura estatal aprobaron una ley para revocar esas políticas locales, y el gobernador Gavin Newsom la convirtió en ley.

“Este proyecto de ley prohibiría a los distritos escolares, las oficinas de educación del condado, las escuelas autónomas y las escuelas especiales estatales, y a un miembro de la junta directiva o del organismo de esas entidades educativas, promulgar o hacer cumplir cualquier política, norma o regulación administrativa que requiera que un empleado o contratista divulgue cualquier información relacionada con la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de un alumno a cualquier otra persona sin el consentimiento del alumno, a menos que la ley exija lo contrario, según lo dispuesto”, se lee en una explicación de la  legislación  .

Los activistas LGBTQ dicen que la ley era necesaria porque algunos hogares no aceptan la elección de género de los niños. Los opositores a la ley dicen que informar a los padres sobre la solicitud de un estudiante de cambiar su identificación de género es "fundamental para el bienestar de los niños".

El Consejo de Familia de California (CFC) condena la decisión de Newsom de firmar la AB 1955, diciendo que crea un muro de secreto impuesto por el gobierno para mantener a los padres en la oscuridad.

A principios de este año, dos maestros cristianos del área de San Diego, California, presentaron una demanda enmendada en un tribunal federal nombrando al gobernador Gavin Newsom (demócrata) y al fiscal general de California Rob Bonta entre otros acusados, alegando que los educadores se vieron obligados a mentir a los padres y ocultar la confusión de género de los estudiantes.

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