Iglesia en California es multada por ayudar a personas sin hogar.

Una pequeña iglesia en el norte de California está apelando una multa masiva de más de $300,000 para reanudar su ministerio para personas sin hogar después de que los funcionarios locales lo cerraran, informa un grupo de defensa legal sin fines de lucro. 

El Pacific Justice Institute representa a City Church 242 en Fairfield, California, en una batalla contra los funcionarios locales que esencialmente cerraron las operaciones del programa de extensión de la iglesia donde "alimentan a los hambrientos, cuidan a los enfermos, visten a los desnudos y ofrecen hospitalidad a los extraños".

"Mientras Fairfield juega a la política mezquina, los más vulnerables sufren", dijo Matt McReynolds, asesor jurídico adjunto de PJI, quien lidera los esfuerzos de la firma en nombre de la iglesia. "Ahora que se acerca el invierno, es hora de que la ciudad abandone estas tácticas de represalia y de mano dura y vuelva a abrir este refugio que salva vidas".

Según PJI, el pastor Scott Mulvey llegó a City Church Fairfield en 2007. Mulvey vio una oportunidad de servir a los más necesitados de la comunidad y comenzó un programa de extensión. 

A medida que la población sin hogar de California comenzó a aumentar, el programa se expandió. 

La iglesia "ofreció comida a cualquiera que la necesitara, sin hacer preguntas" e incluso permitió que las personas que vivían en sus vehículos estacionaran y durmieran de manera segura durante la noche en su propiedad antes de dirigirse a trabajar durante el día. 

Finalmente, la iglesia abrió una clínica médica gratuita con médicos y enfermeras voluntarios. También ofreció a hombres y mujeres sin hogar una salida permanente de las calles mediante un programa de capacitación laboral residencial.

Pero todo eso cambió en 2022 después de que los residentes, hartos de la respuesta de la ciudad a la crisis de las personas sin hogar, se sintieron acosados por las personas en las calles. 

"Después de más de 15 años de ministerio a los necesitados, la iglesia se vio repentinamente asediada por un aluvión de acciones coercitivas". "La ciudad ordenó la retirada de las tiendas militares sobrantes e incluso puso una etiqueta roja en las tiendas que había donado a la iglesia. La ciudad cerró la clínica médica gratuita. Ordenó la dispersión de los hombres y mujeres que participaban en el programa de formación laboral residencial. Y amenazó con que los vehículos estacionados durante la noche en la propiedad de la iglesia serían remolcados".

En los últimos dos años, la iglesia ha hecho todo lo posible para cumplir con los trámites burocráticos, lo que incluye modernizar su edificio y reunirse con funcionarios. 

Ahora, la ciudad dice que aprobará condicionalmente la reanudación de algunas actividades de la iglesia, pero solo si la pequeña iglesia paga más de $300,000 en multas.

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